El Ministerio de Hacienda publicó recientemente la actualización de su programa financiero para 2019 y 2020, del cual se desprende el mensaje de que las necesidades de financiamiento están cubiertas casi por completo. No obstante, esas estimaciones se basan en el cumplimiento de las metas fiscales incluidas en el acuerdo con el FMI, que suponen equilibrio primario en 2019 y un superávit primario del 1% del PBI en 2020.
Los números finales de 2018 arrojaron un déficit primario de 2,4% del PBI, pero si se le suman los gastos derivados del Programa de Inversiones Prioritarias que se registran como aplicaciones financieras, el déficit primario consistente con la definición incluida en el acuerdo Stand By con el Fondo se ubicó apenas por debajo de la meta de 2,7% del PBI.
Este año el Gobierno continuará dirigiendo sus esfuerzos hacia la consolidación fiscal a través de dos caminos simultáneos: el gasto primario seguirá cayendo en términos del PBI, pero el margen para seguir recortándolo es limitado y es indispensable apelar también a una suba en los ingresos. Desde Hacienda esperan que el recorte del gasto primario contribuya en mejorar el balance primario en 1,2 puntos del PBI, mientras que la contribución vía mayores ingresos llegará a 1,5 puntos, para así pasar de un déficit de 2,7 puntos del PBI en 2018 al equilibrio primario en 2019.
Sin embargo, aparecen en el horizonte cuatro riesgos que pueden dificultar el cumplimiento de la meta de déficit primario cero de este año: una desaceleración de la inflación más rápida que lo previsto, una recesión más prolongada, un shock externo que afecte a las exportaciones y otro salto abrupto del tipo de cambio.
En primer lugar, las estimaciones del Gobierno consideran un incremento en las prestaciones sociales de 0,3 puntos del PBI en 2019, con una fórmula de movilidad que toma la inflación de la segunda mitad de 2018 y los primeros meses de este año. Una desaceleración de la inflación por encima de lo esperado en particular en el segundo semestre, pondría en riesgo la mejora fiscal ya que los ingresos se moderarían a un ritmo mayor que el gasto, el cual está indexado en un 60% a la inflación pasada. Si bien dada la historia de inflación reciente nos cuesta imaginar que esto podría llegar a pasar, es un riesgo que no hay que dejar de lado.
En segundo lugar, una recesión más extensa de lo esperado desinflaría el crecimiento de los ingresos y a su vez pondría en jaque el recorte del gasto al salpicar la confianza en el Gobierno durante un año electoral. La economía sumó su segunda caída trimestral consecutiva en el tercer trimestre de 2018 entrando técnicamente en recesión, y registrará otra merma cuando se publiquen las estimaciones del último trimestre. El PBI se contrajo en torno a 2% el año pasado y todo apunta a que la recuperación tendrá lugar durante la primera mitad de 2019 favorecida por una menor volatilidad cambiaria con un tipo de cambio competitivo y una mejora en las expectativas. Si bien el Banco Central debe ser cauto al momento de bajar tasas, una baja demasiado lenta podría afectar el rebote del consumo privado, desincentivar la inversión productiva y por lo tanto demorar el repunte de la actividad. Hacienda prevé un recorte de 0,7 puntos del PBI entre gasto de capital y transferencias a provincias, pero con menor crédito político y la necesidad de reactivar la economía antes de octubre, este recorte podría ser menor. La buena noticia es que en 2018 la deuda exigible de gasto de capital cayó un 30%, quitándole algo de presión al gasto primario y facilitando así el programa fiscal de 2019.
En cuanto al frente externo, en 2019 el crecimiento de la economía estará motorizado por la buena performance de las exportaciones, en especial las del sector agrícola. Con la reintroducción de las retenciones a las exportaciones de todos los bienes y servicios y la nueva alícuota para la soja y sus derivados, el Gobierno espera que la recaudación por este concepto aumente un punto del PBI respecto a 2018. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima exportaciones argentinas del complejo sojero por 51 millones de toneladas, mientras que las de trigo alcanzarán las 14 millones de toneladas y las de maíz las 28 millones de toneladas. De los 430 mil millones de pesos que deberían totalizar los derechos de exportación en todo el año, solo estos tres productos aportarían unos 220 mil millones. Los números son alentadores en la medida en que el clima siga acompañando y que la oferta mundial no presione los precios a la baja. Dos variables que están fuera del control del Gobierno.
Por último, el cuarto riesgo hace referencia a un nuevo salto del tipo de cambio que pondría en la cuerda floja la reducción de 0,7 puntos del PBI esperada para los subsidios económicos. El año pasado por ejemplo, a pesar del fuerte incremento que sufrió la tarifa de luz, a causa de la devaluación el consumidor terminó pagando solo el 50% del costo de generación, similar a lo que pagaba un año atrás. Por otro lado, si bien una devaluación del peso impactaría positivamente sobre la recaudación vía impuestos al comercio exterior, los derechos de exportación están limitados a 4 pesos por dólar para los productos primarios y a 3 pesos por dólar para productos elaborados y servicios, con lo cual no está claro que ambos efectos lleguen a compensarse.
Uno de los principales desafíos para éste y el próximo gobierno es sin dudas seguir avanzando hacia la consolidación fiscal. Los riesgos son varios, pero los beneficios serán dobles: primero, porque impacta en las necesidades de financiamiento y en la emisión de deuda nueva, y segundo porque le quita presión al frente externo al reducir la necesidad de financiamiento del exterior. Crucemos los dedos y esperemos que ningún contratiempo ponga palos en la rueda.
