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El 2020 será recordado como el año de la tormenta perfecta: recesión, inflación, pandemia, cuarentena, pobreza, desempleo, déficit fiscal, brecha cambiaria, cepo, default y reestructuración de la deuda, reservas internacionales y no recuerdo cuántas cosas más.  Todas las miradas están ahora puestas en el 2021 para ver si puede ser el punto de inflexión. Los desafíos son conocidos.

La tarea no será nada fácil, porque el punto de partida es de grandes desequilibrios, los recursos son escasos y existe una gran demanda social para aliviar los efectos de la crisis sobre la pobreza y el empleo. La tarea se asemeja a la de un malabarista que tiene que estar constantemente en movimiento y con gran concentración para evitar alguna pelota se le caiga, sabiendo además que, si pierde el control de cualquiera de ellas, lo más probable es que todo se venga abajo.

La multitud de demandas y la falta de recursos para afrontarlas forzará al Gobierno a fijar prioridades. Hoy, como nunca, es relevante la definición de economía que escribió Lord Robinson en 1932 y que todavía está vigente: “La ciencia que se ocupa de la utilización de medios escasos susceptibles de usos alternativos. Es decir, la escasez de recursos es lo que da base al estudio de la economía”. Si bien esta definición puede parecer restrictiva, lo cierto es que este es el principal problema que enfrentará el Gobierno en el 2021. Cómo encarar con recursos limitados la crisis sanitaria, la pobreza y el desempleo, las necesidades habitacionales, los estímulos a la producción, las jubilaciones, la Justicia, la seguridad, la educación, las demandas salariales, la obra pública y tantas otras necesidades que tiene la sociedad argentina.

Sin duda que estamos frente a una tarea titánica, y para colmo, debido a la falta de crédito, a que se agotaron las reservas, a que la brecha cambiaria es insostenible y a que la inflación es muy alta, el Gobierno no tiene espacio para implementar políticas de estímulo que ayuden a reactivar la economía y a aliviar la situación social. 

Las decisiones de política económica van a ser complejas, y resolver los problemas inevitablemente va a implicar costos. Nada va a ser gratis. Bajar subsidios implica aumentar tarifas que impacta en la inflación; reducir la brecha cambiaria requiere subir las tasas de interés y/o devaluar, o sea políticas contractivas, reducir los subsidios puede reducir el déficit fiscal, pero complica la situación social. Estaremos en el mundo de las disyuntivas, en las que para cada decisión habrá que evaluar muy bien los costos y los beneficios.

No hay duda de que la prioridad es que la economía crezca. Sin crecimiento no hay forma de bajar la pobreza y el desempleo, de reducir el déficit fiscal y mejorar los salarios reales y el bienestar de la población en general. Por ende, la gran pregunta, es cómo se puede volver al crecimiento. 

Por un lado, están las llamadas políticas de estímulo, de corte keynesiano, que buscan implementar políticas monetaria y fiscal expansivas para sacar a la economía de la recesión. Son estímulos de corto plazo que son efectivas cuando hay capacidad ociosa (como es el caso en esta coyuntura) y cuando la inflación es muy baja y el Gobierno tiene acceso al crédito (cosa que este momento no ocurre).

Pero la dificultad de acceder a financiamiento y el hecho de que el Banco Central tenga muy poca capacidad de asistir al Tesoro debido a que la inflación ya es muy alta hacen que el Gobierno se vea imposibilitado de utilizar estas políticas. ¿Cuál es la alternativa?

La salida pasa por lograr el acceso al crédito y estimular la inversión privada. Un Estado que se la pasa apagando incendios, que no tiene acceso al crédito, que no logra resolver los desequilibrios y que no tiene liquidez difícilmente pueda aumentar el gasto. 

La clave es recuperar la confianza y resolver los desequilibrios cambiarios, fiscal, monetario y la falta de reservas sin que haya un deterioro en la situación social, que ya es preocupante.

Cualquier plan económico necesita tres patas para que funcione. En primer lugar, es necesario que sea integral y consistente desde un punto de vista técnico, o sea que el objetivo que se establezca para el déficit fiscal pueda ser financiado sin que se escape la inflación, que haya un tipo de cambio que favorezca el aumento de las reservas internacionales manteniendo la competitividad y que apoye la estabilidad financiera, y que no imponga una presión tributaria que espante la inversión y la entrada de capitales. El programa con el FMI puede ser un buen punto de partida para diseñarlo. 

En segundo lugar, va a tener que tomar en cuenta la situación social y disponer de mecanismos para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. En una situación de emergencia como la actual el Estado tendrá que ser muy cuidadoso en el uso de recursos que son muy escasos y canalizarlos sólo a los más necesitados.

Por último, y no menos importante, el plan va a necesitar de un fuerte liderazgo político, porque habrá que tomar decisiones difíciles, que seguramente van a tener muchos detractores y afectará intereses creados. 

Encaminar la economía argentina no va a ser fácil. Pero existe una salida que va a requerir, más allá de un programa económico que sea viable, un acuerdo político y social que lo apoye y un proyecto de país que dé seguridad jurídica, que proteja a los más vulnerables y que modernice las regulaciones obsoletas que limitan la inversión y el espíritu empresarial.