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Todo lo que usted debe saber sobre el proyecto que busca reformar el sistema bancario

27 Abril 2010

iProfesional.com




El texto que presentó el diputado Carlos Heller puede cambiar drásticamente la forma en que se relacionan bancos y clientes. Cambios en las tasas de interés, las garantías de depósitos y las prioridades que se deben tener al prestar plata o abrir sucursales. Sepa cómo la reforma afectará su bolsillo.

Límites a las tasas de interés en los préstamos, cuotificación para que las Pyme reciban no menos de 40% del volumen del crédito, garantía de hasta $100.000 para los depósitos de los ahorristas, autorizaciones especiales del Banco Central para determinar quién y en qué lugar puede tener nuevas sucursales.

Estas son las principales características del proyecto de ley que, de ser aprobado, modificará sustancialmente el funcionamiento del régimen bancario argentino.

Carlos Heller, diputado oficialista y banquero, es el autor del texto que ayer fue dado a conocer en el Congreso.

"Se concibe la ley como un servicio público, a partir de necesidades de los usuarios y no de los bancos", dijo Heller durante la presentación, en la Cámara de Diputados, y justificó la necesidad de una mayor regulación y control por parte del Estado.

El objetivo declarado por el legislador es "fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios".

Además, se hace explícita alusión a la "democratización" del sistema financiero, tanto en el sentido de un mayor acceso de la población al crédito, como también a que el sistema bancario esté mejor distribuido geográficamente y no tan concentrado en las zonas urbanas de alto poder adquisitivo.

Los bancos adoptaron un actitud extremadamente cautelosa ante la presentación del proyecto. Prefirieron no opinar oficialmente hasta que los respectivos equipos jurídicos no hayan completado un análisis minucioso sobre cuál será el impacto en el sistema. Aunque voceros consultados por este medio dejaron entrever cierto escepticismo respecto a que los fines declarados en el texto puedan efectivamente ser alcanzados.

“Primero, creemos que el regulador (es decir, el Banco Central) se tiene que expedir sobre el texto; y segundo, queremos ver cuál es el apoyo real que este proyecto puede tener, porque hoy la situación política hace que nadie tenga una mayoría garantizada en el Congreso”, comentó el vocero de uno de los mayores bancos privados.

Lo cierto es que recién en estas horas los banqueros argentinos se están encontrando con la iniciativa. Hasta ahora, lo que se había conocido era lo que el propio Heller había hecho trascender en declaraciones periodísticas.

“Hace un año que Heller está hablando sobre el tema, y no podemos salir a dar nuestra opinión cada vez que él hace referencia al sistema financiero; así que recién ahora, con el texto, tomaremos posición”, se excusó el ejecutivo, que ayer recibió el asedio periodístico tras la presentación del proyecto.

Punto por punto

  • La iniciativa de Heller confirmó algunos puntos que habían trascendido en las semanas previas y agregó precisiones sobre otras cuestiones. Las siguientes son las claves para entender los cambios que se proponen incorporar al sistema.
    • Declara al sistema financiero como un “servicio público”. Esto implica que debe ser de acceso universal (y en algunas ocasiones hasta gratuito). También justifica que el Estado oriente hacia qué sectores debe canalizarse el ahorro y que tenga una ingerencia mayor que la actual, en cuanto a la actividad de las entidades privadas.
      • Clasifica cinco tipos de entidades, cada una con características, atribuciones y obligaciones diferenciadas: los bancos comerciales, los de inversión, los hipotecarios, las compañías financieras y las cajas de crédito.
      • Establece que, para ser considerada como entidad de capital nacional, el banco no puede tener una porción accionaria mayor al 30% de propietarios extranjeros.
      • Los bancos extranjeros deben responder con todo su patrimonio local, y también con el de su casa matriz, por los pasivos que contraigan en la Argentina. Es un cambio importante respecto de la situación actual, en la cual la casa matriz no asume la responsabilidad de la filial. Heller justificó esta inclusión “para evitar casos como el de 2002”.
      • La apertura de nuevas sucursales estará sujeta a la aprobación del Banco Central, que aplicará un criterio de cobertura geográfica y desestímulo a la “concentración”. De esta forma, podrá denegar el permiso si considera que la zona donde se quiere instalar el banco está suficientemente cubierta.
      • También podrá declarar que, en determinadas zonas, queda temporariamente suspendida la apertura de sucursales.
      • El otorgamiento de crédito en moneda extranjera queda limitado a ciertas condiciones. Primero, se define que el banco tiene una capacidad prestable que depende de los depósitos en moneda extranjera. Y esos créditos pueden ser otorgados sólo a quienes tengan ingresos en divisas, o en pesos, pero con una indexación vinculada al tipo de cambio.
      • Se establecen topes a las tasas de interés de los préstamos para las pequeñas o micro empresas. Estas tasas no podrán superar en 5% la tasa media del sistema financiero. El promedio será medido por el Banco Central, en base a información que deberán presentar los bancos.
      • También se establece un tope similar para los préstamos personales hasta un monto de $100.000. El Banco Central diferenciará entre los créditos con vencimiento menor a un año y aquellos que superen ese límite.
      • Se limitará la posibilidad de cobro por otros conceptos que no sean la tasa de interés. El Banco Central establecerá una normativa nueva al respecto. La excepción es el cobro por los costos efectivamente incurridos por el banco en el trámite del otorgamiento del préstamo.
      • Se establece para las entidades financieras la obligación de hacer depósitos en el Banco Central. Los montos máximos serán de $25 millones para los bancos comerciales, $10 millones para las compañías financieras y de $500.000 para las cajas de crédito. Los montos serán revisados anualmente por el Central.
      • El Banco Central establecerá una serie de servicios “esenciales”, de cumplimiento obligatorio, dirigidos a los segmentos de la población con menores ingresos. Se regulará sobre las pautas, denominación, publicidad y comisiones para estos servicios. Se topeará la comisión a cobrar, y si es necesario la autoridad monetaria establecerá la gratuidad del servicio. De todas formas, el texto establece que: “Las entidades tendrán el derecho de no brindar el servicio a determinados usuarios en base a consideraciones de riesgos”.
      • Se creará un fondo compensador, con un aporte mensual obligatorio de las entidades financieras. Estos recursos volverán a las instituciones en proporción al volumen de “servicios esenciales” que hayan realizado. Se “premiará” por la prestación de servicios en las zonas geográficas de menor densidad poblacional y desarrollo económico y social.
      • Se cuotificará con un mínimo de 38% el dinero que debe ser prestado al sector Pyme. Los bancos pueden prestar en forma directa a estas empresas, o bien hacerlo a través de otras instituciones que manejen una cartera de clientes constituida por pequeñas empresas. También pueden comprar obligaciones negociables del Banco Nación, cuyo fin será el crédito a este sector.
      • El 2% de la capacidad prestable de los bancos debe ser canalizado hacia micro emprendimientos. El texto establece que este punto debe cumplirse “utilizando las técnicas de originación y seguimiento típicas del segmento, las que se basan en información y monitoreo muy cercanos a los clientes.
      • Se creará una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros. El organismo recibirá denuncias de incumplimientos por parte de las entidades privadas, y será consultor del Banco Central, del cual dependerá formalmente.
      • Se establece un límite al market share que puede tener un banco. Ninguna institución puede captar más de 8% de los depósitos y préstamos del sistema (no se cuenta al sector público en esta disposición).
      • Se crea un sistema de garantía de depósitos. El Estado nacional será el garante por sumas de hasta $100.000 o su equivalente en divisas. Este seguro excluye a los depósitos sobre los cuales se hubiese pactado una tasa de interés que supere en dos puntos a la tasa ofrecida por el Banco Nación. La garantía rige tanto para individuos como para personas jurídicas. El importe máximo garantizado es por persona y por depósito en cada entidad.
      • Las entidades financieras deben hacer un aporte (por una cifra a determinar por el Banco Central) para ayudar a financiar el sistema de garantía de los depósitos.

      El debate que se viene

      Ahora viene la negociación política, una etapa en la cual las opiniones de los bancos ya no podrán mantenerse en la discreta sombra de estos días, sino que deberán enunciarse explícitamente.

      El oficialismo cuenta con la esperanza de poder sumar a parte de la oposición como para que el proyecto sea aprobado, pero todo indica que el proceso de discusión no se hará sin un intenso debate.

      Heller, en la fundamentación del proyecto, se adelantó a algunas posibles críticas, señalando que algunos de los puntos planteados (como el tope a las tasas de interés) han sido puestos en práctica en países como Chile y Uruguay.

      Varios de los puntos enunciados en el texto son controvertidos, lo cual garantiza un período de polémica al respecto.

      Entre los primeros escépticos figuran economistas como Diego Giacomini, que conduce el equipo de analistas de Economía y Regiones.

      “El sistema financiero hoy tiene una liquidez que está entre las más altas de la historia, y sin embargo el crédito disminuye. Entonces el problema no es la falta de dinero, sino ausencia de motivación tanto para dar como para pedir crédito. Y eso no se soluciona con más regulación, sino con más confianza”, afirmó el economista.

      Recordó, además, que el costo del crédito no es tan alto si se considera los préstamos de corto plazo. “El verdadero problema está cuando uno mira los préstamos de largo plazo, como las hipotecas o la financiación de proyectos productivos. Pero el motivo de que la tasa sea cara es porque resulta difícil hacer análisis de inversión, si no hay estabilidad macroeconómica y no se sabe cuál va a ser la inflación o qué impuesto se va a modificar”, agregó.

      En la misma línea, David Mermelstein, analista senior de Econviews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, advirtió sobre el riesgo que conlleva un exceso en la regulación.

      “La Argentina ya tiene un sistema bancario chico en comparación con sus vecinos, y si se les impide a los bancos tener un beneficio, va a ser contraproducente. La forma de bajar las tasas no es con topes o con subsidios, sino con una mayor previsibilidad”, afirmó, preocupado también por la estabilidad macro.

      El analista reconoció que varios postulados del proyecto son loables y bienintencionados, pero mostró su escepticismo respecto de que los métodos buscados resulten apropiados. Y, en ese sentido, recordó que las experiencias históricas sobre banca de desarrollo dejaron en claro que el “governance” resulta un punto central para el éxito o fracaso de estas iniciativas.

      Otros economistas, como Fausto Spotorno, del Estudio Ferreres, advirtieron en los últimos días respecto de que la dificultad del acceso de las Pyme al crédito no radica solamente en las deficiencias del sistema financiero, sino en el alto nivel de informalidad de ese segmento.

      Y también recordó la persistencia de distorsiones a nivel tributario: “Hay impuestos que están afectando a las entidades financieras, como el llamado impuesto al cheque y los Ingresos Brutos y, en este sentido, sí se puede trabajar”.

      También el economista Tomás Bulat hizo su advertencia en el sentido de que una legislación laxa en materia crediticia puede alejar dinero del sistema: “Si se flexibiliza el crédito, hay que ver quién lo paga. Entonces, o se hace cargo el Estado o pueden generarse problemas de este tipo”.

      Lo que se avecina, entonces, parece un debate centrado en el concepto del “servicio público” aplicado a la banca. Un punto que no deja de ser sugestivo justo en un momento en el que el resto de los servicios públicos es objeto de fuertes subsidios, tiene tarifas atrasadas y cumplen una función de “ancla” de la inflación.

      Para Heller, está claro la tónica que debe regir al nuevo sistema: “Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan y no debería perseguir principalmente fines de lucro ya que corresponde anteponer el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico".

      Fernando Gutiérrez