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Llegó el día clave en el que sabremos qué nivel de aceptación tendrá la oferta de reestructuración de la deuda y si la Argentina podrá o no evitar un nuevo default.

Si bien el veredicto aún no lo conocemos, por ahora los mayores tenedores de bonos parecen haberle bajado el pulgar a la oferta, con lo cual se acrecienta el riesgo de que el Gobierno enfrente una situación compleja en la que tendrá que tomar decisiones contra reloj.

A diferencia de 2001, el Gobierno viene haciendo esfuerzos para evitar un default. Sin embargo, la oferta que lanzó fue agresiva, con lo cual es muy difícil que tenga amplia aceptación.

Hay fechas claves para tener en mente. La Argentina no pagó un cupón de intereses el 22 de abril, y ahora estamos en un período de gracia que vence el 22 mayo. Si antes de ese día el Gobierno no logra reestructurar la deuda tendrá que elegir entre pagar o entrar en default.

En este sentido hay tres escenarios. En el mejor, habría una aceptación muy alta y se lograría reestructurar la deuda exitosamente. Siempre existe la posibilidad de que quede algún bono suelto sin reestructurar, pero en ese escenario es muy probable que finalmente se logre canjearlo.

En el otro extremo tenemos el escenario más temido, o sea, en el que el nivel de aceptación de la oferta sea muy bajo (digamos menor al 20%), que el mercado lo vea como un fracaso, y que el Gobierno se vea forzado a volver a diseñar una oferta muy superadora en una pelea contra reloj, porque si no se paga el cupón de intereses el 22 mayo, la Argentina sufriría su tercer default de deuda externa en cuatro décadas.

Siempre existiría la posibilidad de pagar el cupón y seguir negociando (como hizo la provincia de Buenos Aires en febrero) o, alternativamente, de negociar una extensión voluntaria de los plazos de pago para llegar a un acuerdo. En la jerga se conoce como un stand-still , que es una opción viable como lo muestra el que recientemente Ecuador acordó con sus acreedores.

El tercer escenario es el intermedio, en el que no se logra la mayoría, pero en el que tampoco recibe un claro rechazo de parte de los bonistas. En este caso se abriría la posibilidad de una negociación para acercar posiciones. Es cierto que habría poco tiempo, pero con habilidad y buena voluntad de ambas partes se podría lograr.

Dentro de este contexto, un default aparece como una temida amenaza. A pesar de que seguramente nadie saldrá a aplaudirlo, muchos no dimensionan las implicancias que podría tener para el país.

Cuando el Presidente dijo que estamos en cuasi default, seguramente tenía en mente que hoy el riesgo país está por las nubes, rondando los 4000 puntos, y que el Gobierno no tiene acceso al crédito externo. O sea, que ya estamos mal. ¿Cambiaría algo si entráramos en default? Efectivamente, estaríamos peor.

Un nuevo default nos agregaría una mancha difícil de borrar, especialmente porque todavía está fresco el default de 2001. El escaso crédito que hoy tiene el sector privado desaparecería, complicando el financiamiento de las inversiones y hasta el crédito de comercio exterior para el que todavía quedan algunas líneas.

Además, la pérdida de confianza haría que se acentúe la salida de capitales, lo que aumentaría la demanda de dólares y habría más presión de la que ya existe sobre el dólar contado con liqui y con riesgo de que suba fuertemente la inflación.

Pero lo más importante es que ni el sector privado ni las provincias van a tener acceso al crédito para financiar los proyectos de inversión o de infraestructura que el país necesita para volver a crecer.

La crisis mundial del Covid-19 en algún momento va a terminar y las inversiones volverán a los países emergentes. En ese momento muchas empresas tendrán que decidir en qué país van a construir nuevas plantas, emplear gente o financiar proyectos de infraestructura. Y seguramente va a ser muy difícil convencerlos de que esas inversiones las hagan en países que estén en cesación de pagos.