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Se acercan momentos de decisiones cruciales. Es impensable que esta economía pueda volver a crecer mientras tenga un riesgo país de 2000 puntos, siga habiendo un cepo cambiario que cada vez se asemeja más al que imperó en los cuatro últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, y las tasas de inflación superen el 50% anual. A pesar de la complejidad del escenario todo indica que es menos complicado del que prevalecía en 2001. Por empezar no se enfrenta un contexto internacional tan adverso dado que la mayor parte de los países emergentes no están sufriendo crisis cambiarias o fuertes salidas de capitales, como ocurrió a fines de los años noventa con las crisis asiáticas, en Rusia y en Brasil. Al mismo tiempo, en los países desarrollados hay tasas de interés muy bajas, que incluyen tasas nominales negativas en gran parte de Europa, algo nunca antes visto, y rendimientos en los países emergentes muy bajos.

Este es sin dudas un contexto favorable para conseguir un acuerdo con los tenedores de bonos. También son más favorables los precios de los commodities de lo que eran en 2001. Basta recordar que en ese momento la soja estaba en u$s 180 la tonelada y el petróleo rondaba los u$s 12 el barril. Si bien hoy no prevalecen los altos precios de la década pasada, ciertamente son mejores que en 2001. En cuanto al escenario doméstico también hay algunos elementos que son más positivos. El sistema bancario se mantiene solvente y es difícil imaginar una corrida de los depósitos en pesos, ya que a diferencia de 2001 el Banco Central puede actuar como prestamista de última instancia y darle a los bancos toda la liquidez que necesiten.

Tampoco se observa que haya atraso cambiario, como era claramente el caso en 2001, mientras que los niveles de deuda se encuentran muy por debajo de los que había en ese momento, incluso tomando en cuenta que el tipo de cambio se acaba de depreciar. recientemente. Si bien no parece que la crisis vaya a ser tan severa como en 2001, no todo es mejor. Hoy existe el desafío de bajar una inflación que se ha mantenido por más de 10 años en dos dígitos y que por segundo años consecutivo va a rondar el 50%. Tampoco existen más los inversores institucionales locales que sean demandantes naturales de bonos y acciones argentinas, ya que desparecieron en 2008 con la nacionalización de los fondos de pensión. Todo indica que para crecer la prioridad es conseguir la estabilidad macroeconómica, y la gran pregunta es por donde empezar.

La prioridad pareciera ser solucionar la incertidumbre que existe respecto de la deuda, dado que si no se recupera el acceso al crédito es impensable que vuelva el crecimiento, que aumente la inversión, que suban las reservas del Banco Central o que se levante el cepo cambiario. Es cierto que Argentina tiene principalmente un problema de liquidez y no de solvencia, pero con la crisis cambiaria del año pasado se perdió la confianza, lo que ha hecho imposible renovar los vencimientos de deuda. Argentina está forzada a pagar todos y cada uno de los vencimientos tanto en pesos como en dólares, incluso los de la deuda de corto plazo. No hay país que pueda enfrentar esa situación sin eventualmente recurrir a una reestructuración o un reperfilamiento de su deuda.

¿Como recuperar la confianza de los mercados?En principio se podría si el nuevo gobierno mandara señales de austeridad fiscal y lograra acordar un nuevo programa con el FMI que ayude a tranquilizar a los mercados. Pero esto es una carrera contra reloj; hay necesidades financieras que rondan los u$s 10.000 millones en los próximos seis meses que son casi imposibles de afrontar con el nivel actual de reservas y sin acceso a nuevo crédito. El primer paso para salir del atolladero es acordar un nuevo programa con el FMI.

En otros países el Fondo ha sido un actor preponderante a los efectos de armar un programa macroeconómico con metas fiscales y monetarias, que analice la capacidad de pago del país y la sostenibilidad de la deuda y que además sirva de base para la negociación del país con los bonistas para reestructurar la deuda. Ese análisis debería confirmar que el actual problema de liquidez se debe a que se perdió la confianza y por tanto el acceso al mercado y que se necesita tiempo tanto para afrontar los vencimientos de capital con el sector privado de los próximos años (que en su mayoría corresponden a ley local), como también para el pago de los intereses que representan unos u$s 7500 millones. También va a ser necesario reperfilar los vencimientos con el FMI, pero ese es un problema que recién hay que enfrentar en 2022. Pero la negociación con el Fondo seguramente va a ser difícil y va a llevar tiempo, especialmente porque Washington no va a querer un nuevo fracaso en la Argentina.

Esto implica que habrá pedidos de más ajuste fiscal, baja del gasto público y muy probablemente de una reestructuración de la deuda con una quita, que puede ser más importante de la que el próximo gobierno esté dispuesto a aceptar. Una negociación larga y compleja, como la que se anticipa, pondrá al próximo gobierno ante un gran dilema. Es cierto que Argentina es solvente, pero sin dólares y sin la posibilidad de emitir pesos le será muy difícil seguir honrando los compromisos. La famosa reestructuración a la uruguaya va a chocar con las dificultades para pagar los intereses, mientras que una negociación con los bonistas rápida suena poco probable.

La secuencia más probable sería primero negociar un nuevo programa (seguramente de facilidades extendidas) con el FMI que defina las metas fiscales, reformas estructurales y los pagos de esa deuda. Además habrá que definir la nueva política monetaria y cambiaria. Recién una vez que se conozca el marco macroeconómico, que incluirá el monto de los fondos con los que contará Argentina para pagarle a los acreedores privados, se podrá negociar un acuerdo con los bonistas que ayude a que baje el riesgo país y que de a poco las empresas argentinas puedan volver a recibir crédito externo.

Por Miguel Kiguel, director de Econviews