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Por Miguel A. Kiguel para Clarín.

El fallo del juez Griesa cayó como un balde de agua fría en la Argentina ya que exige el pago a los holdouts, y la constitución de un fondo de garantía por US$ 1.330 millones, que es el monto que reclaman los bonistas que iniciaron la demanda. Este fallo sin duda reabre las preocupaciones sobre un posible nuevo default, cuyas consecuencias no están claras, pero que van a ser una mala noticia para el crédito, la inversión y el crecimiento.

 El Gobierno ya a ha dicho que va a apelar el fallo, y posiblemente haya argumentos válidos para hacerlo. De cualquier manera va a ser una carrera contra el tiempo, ya que la fecha límite es el 15 de diciembre, en la cual hay que pagar del cupón del PBI.

La principal preocupación es lograr que la sentencia del juez Griesa quede en suspenso durante el proceso de apelaciones, que comenzará con la Cámara de apelaciones, luego ante la Cámara en pleno (13 miembros) y finalmente ante la Corte Suprema. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible.

Mientras tanto Argentina tendrá que decidir si constituye la garantía (escrow account) que pidió el juez Griesa. Es un monto importante que eventualmente se utilizaría para pagarle a los holdouts en caso de que el fallo sea ratificado por las instancias superiores. Argentina ha dicho que no sería justo pagarle a los holdouts y espera que la Cámara revoque esa sentencia. Pero si ese no es el caso el país se puede ver entre la espada y la pared. No enviar los fondos implicaría estar en desacato de la justicia de EE.UU., mientras que enviarlos sería una derrota política. Esperemos no llegar a ese momento de decisión.