Press

Finalmente hubo humo blanco. El acuerdo con los bonistas costó sangre, sudor y lágrimas, y por momentos hubo más suspenso que en una película de Hitchcock. Pero finalmente se cerró. ¡Una muy buena noticia! Este acuerdo puede ser un punto de inflexión para reencauzar la economía hacia un ciclo de crecimiento de largo plazo.

Siempre quedará la duda de si se hubiera podido cerrar más rápido, de qué habría pasado si el Gobierno hubiera tenido una actitud más expeditiva, y si se hubiera podido evitar entrar en otro default el 22 de mayo pasado, un hecho que le agrega otra mancha a nuestro triste prontuario. Pero eso quedará para que lo evalúen los historiadores.

El resultado final implica una mejora financiera importante para la Argentina. Primero porque se logra un alivio relevante en el peso de la deuda, superior al que se hubiera imaginado cuando empezó el proceso de negociación, a principios de año. Es cierto que el monto de la deuda no cae mucho, porque en el acuerdo prácticamente no hay quita de capital. Sin embargo, hay una reducción importante en el peso de la deuda, especialmente en los primeros años, debido a que los plazos de pago son más largos y a que hay una reducción muy importante en los pagos de intereses.

El acuerdo también le permite al país salir de un nuevo default, que se declaró el 22 de mayo pasado y que generaba efectos secundarios muy poco deseables que enturbiaban el crecimiento económico. Era preocupante porque un país que está en default no tiene acceso al crédito. Esto significa que se hace cuesta arriba conseguir financiamiento para proyectos de infraestructura, para el desarrollo de Vaca Muerta, o para muchos proyectos productivos que se verían frustrados por no conseguir el fondeo que permitiera llevarlos a buen término.

Sin crédito también aumentan los riesgos que genera un déficit fiscal sobre la inflación. La pandemia y la cuarentena han obligado a un aumento del déficit fiscal en momentos en que la única fuente de financiamiento es el Banco Central, con el riesgo de que se desboque la emisión monetaria y se dispare la inflación.

En la coyuntura actual es difícil bajar el déficit porque el Estado necesita asistir a millones de personas que han perdido el trabajo y que han entrado en la pobreza, como también a miles de empresas que recurren al Estado para tener esperanzas de sobrevivir y dar empleo. El hecho de que la Argentina no haya tenido acceso al crédito durante este período ha hecho que el Gobierno haya tenido menos capacidad de asistir al sector privado que otros países de la región.

La salida del default es un paso necesario para que en algún momento el Estado pueda tener más capacidad de dar asistencia volviendo a financiarse emitiendo bonos, como hacen todos los países, y de esa forma disminuya el riesgo de emitir dinero y de una escalada de los precios.

La gran pregunta es cómo sigue esta historia. Un acuerdo sin duda evita un mal mayor, pero no asegura un futuro mejor. Como decimos los economistas, es una condición necesaria pero no suficiente para que el país pueda salir de la pobreza, de una década de estancamiento, de una inflación que sigue amenazante o para que los argentinos terminemos con la obsesión del dólar.

Los efectos positivos del acuerdo no los va a sentir la gente al día siguiente, especialmente en esta coyuntura en que la pandemia y la cuarentena mantienen al país en estado de hibernación. Pero sin duda que es un hito importante y es un primer paso para salir de la estanflación (o sea, estancamiento con inflación) en la que estamos atrapados desde hace una década.

El impacto inicial debería ser una importante caída en el riesgo país y una suba en los precios de los bonos y las acciones. Una caída a menos de 1000 puntos, desde los 2200 que está actualmente, sería una señal positiva, y abriría las puertas para que mejore el humor de tantos argentinos que tienen bonos y que habían perdido el entusiasmo de invertir en el país.

El gran desafío para el Gobierno es aprovechar este puntapié inicial para seguir un camino para atacar los grandes desequilibrios que afectan el crecimiento de la economía, el que seguramente se recorrerá junto al Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor de la Argentina y al que le debemos 44.000 millones de dólares que vencen en los próximos tres años.

Allí también habrá que buscar un acuerdo para estirar los plazos, y negociar un programa en el que el Fondo nos dará plata a cambio de condicionalidad. En el pasado las negociaciones no han sido fáciles, y deberíamos saber que el corderito que venía apoyando a la Argentina en su negociación con los bonistas privados mostrará sus dientes cuando se empiecen a discutir la reducción del déficit fiscal, el nivel del tipo de cambio en una economía que carece de reservas internacionales suficientes o la fuerte emisión monetaria en momentos en que se busca bajar la inflación.

El acuerdo de la deuda no despeja todos los nubarrones del horizonte, pero ha sido un paso importantísimo en la dirección correcta. Pero es solo el principio de un camino lleno de obstáculos, con un Estado que enfrenta muchas demandas sociales, institucionales y de infraestructura para las que tiene recursos muy limitados. La clave será definir prioridades y darle los incentivos al sector privado para que crea e invierta en el país.