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El tan esperado plan económico argentino está a la espera de la reestructuración de la deuda pública, donde la palabra mágica sigue siendo sustentabilidad. El ministro Martín Guzmán explica en conferencia tras conferencia que busca un acuerdo que asegure que la deuda sea sustentable, haciendo hincapié en que esta vez se puedan cumplir los pagos de capital e intereses de un posible entendimiento. Lamentablemente es mucho más fácil decirlo que lograrlo. ¿Por ejemplo, alguien dudaba de que la deuda que surgió de la reestructuración del 2005 y del 2010 era sustentable? Cualquier ejercicio de Excel hubiera mostrado que lo era. Sin embargo, sólo diez años después Argentina entró nuevamente en default.

La explicación es muy simple, el problema no era la deuda, si no las políticas económicas que se adoptaron en los años siguientes. Déficits fiscales y aumentos de impuestos que ahogaron la economía, tarifas congeladas durante muchos años que golpearon la infraestructura y desalentaron la inversión, una inflación que año tras años fue subiendo, la volatilidad cambiaria que desalentó el ahorro y tantas otras políticas que llevaron a que el país no creciera durante una década. No hay que caer en el mismo error y pensar que la sostenibilidad de la deuda se puede calcular basado en una planilla de Excel. Ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni nadie pueden determinar si por u$s 500 millones por año o 0,15% del PBI (que es la diferencia que existe entre el Gobierno y los bonistas) la deuda puede ser sustentable o no. El Estado Nacional tiene un gasto que excede los u$s 100.000 millones, con lo cual esa cifra no puede ser determinante.

Tanta discusión sobre la deuda nos distrae sobre el problema de fondo que enfrenta la Argentina, y es que en realidad que lo que tiene que ser sustentable es la política económica en su conjunto, y que lograr encaminarla es un desafío mucho mayor que reestructurar la deuda pública. El primer problema es el tamaño del gasto público, que aumentó de 25% del PBI a principios del siglo 21 a 40% del PBI hoy. Ese nivel de gasto no es sostenible porque para mantenerlo se han creado un sinfín de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal que ahogan la producción y el empleo formal. Y lo que no se pudo financiar con impuestos generó un déficit fiscal que es el origen de la suba de la deuda pública. Esta combinación de gasto público, presión impositiva y déficit fiscal son insostenibles para un país que aspire a crecer y reducir la pobreza. Sin embargo, esto no está en el Excel. Tampoco es sostenible un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos.

Sabemos que si se mantiene por mucho tiempo va a terminar como el pasado: gastando los dólares que ya son escasos para financiar fuertes importaciones de gas licuado y con subsidios que agudizan el déficit fiscal. El congelamiento no es sostenible, pero tampoco está en el Excel. La inflación es otro desafío para la política económica, especialmente porque genera grandes transferencias de riqueza y de ingresos que a lo largo de estos años ha afectado el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, licuó gran parte de los ahorros en pesos, desalentó la inversión y empeoró el humor social. Una inflación que está entre las más altas del mundo tampoco es sustentable.

Bajar la inflación no va a ser fácil y requiere un plan que combine atacar los problemas de fondo (como el déficit fiscal) como así también los mecanismos de transmisión que dan origen la inercia inflacionaria. Además, como ya vimos en el pasado, es impensable bajarla si al mismo tiempo hay que corregir atrasos en tarifas, precios congelados y un tipo de cambio atrasado. Hacerlo es más un arte que una ciencia, y no hay forma de ponerlo en un Excel. Tampoco se puede alcanzar un crecimiento sostenido mientras exista una brecha cambiaria de más del 30% y que las reservas internacionales se sostengan con controles cambiarios que complican las importaciones y la producción, al mismo tiempo que estimulan la especulación y aumenta la incertidumbre para las empresas que operan en la Argentina. ¿Cuántos países emergentes tienen un cepo como el argentino y una brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar bolsa? Muy pocos, y en general les va muy mal.

La respuesta sobre cómo salir del cepo y achicar la brecha cambiaria no la van a encontrar en ninguna planilla de Excel. Pero el desafío es aún mayor, porque a todos estos desequilibrios se le suma el hecho de que el producto bruto ha vuelto a los niveles del 2006, que la pobreza seguramente está por encima del 40% y el desempleo en dos dígitos. Que enfrentamos un mundo en recesión que también está lidiando con la pandemia y las cuarentas y que no tiene un diagnóstico claro de como volver al crecimiento. Para resolver todos estos problemas hace falta un plan económico.

Para enfrentar el coronavirus el Gobierno hizo plan integral a partir de un diagnóstico en el que convocó a expertos que además hicieron recomendaciones basadas en experiencias internacionales y las respuestas sanitarias que habían dado otros países. Se buscaron las mejores prácticas y en base a eso se diseñaron políticas sanitarias. Para la economía no se usa el mismo mecanismo. Se está buscando renegociar la deuda sin un plan y sin un diagnóstico macroeconómico. ¿Se hubieran podido atenuar los efectos de la pandemia sin mirar las experiencias internacionales que llevaron a la decisión de poner la cuarentena y a fortalecer el sistema de salud?

Eso no es lo que se está haciendo en economía. No se puede salir del estancamiento sin un mínimo de consenso sobre las causas del fracaso de la última década ni sobre cómo reactivar la economía cuando no hay financiamiento para un estímulo fiscal, y cuando un estímulo monetario puede terminar aumentando la inflación y la brecha cambiaria con poco impacto sobre la actividad económica. Argentina está ante desafíos inéditos y en el que los problemas de sostenibilidad económica van mucho más allá de la sostenibilidad de la deuda. La decisión no va a ser fácil, y así como con la cuarentena se privilegió la salud, en las políticas económicas habrá que privilegiar el crecimiento y el bienestar de largo plazo por sobre políticas transitorias que tan sólo dan alivio en el corto plazo.